.(TELAM)La Corte Suprema de Justicia comenzó a analizar ayer si acepta intervenir en el recurso extraordinario del Estado Nacional contra el fallo que, a partir de un reclamo del Grupo Clarín, suspendió la denominada "cláusula de desinversión" de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Fuentes vinculadas al máximo tribunal indicaron que en el acuerdo de ayer los ministros no se decidieron por ninguna de las dos posibilidades que tienen ante el planteo del Estado: el rechazo o la remisión a la Procuración General de la Nación para que emita su opinión sobre la medida cautelar.
Para que la Corte le de "vista" a la Procuración, antes debe considerar que se trata de una cuestión que reviste "gravedad institucional", ya que de otra manera rechaza intervenir en resoluciones que no sean sentencias definitivas.
Meses atrás la Corte revocó una medida provisoria dictada por la justicia federal de Mendoza contra la aplicación de la norma, al afirmar que quien la impulsó era un legislador que carecía de legitimación para hacerlo y la impugnación estaba dirigida contra la ley 26.522.
"En este caso -aclaró la fuente- se trata de un interesado directo (el Grupo Clarín) y la medida cautelar suspende un solo artículo", el 161, que obliga a las empresas a adecuarse a la ley -con la limitación que ella establece para la explotación de licencias- dentro del plazo de un año de su reglamentación.
Allegados a la Corte mencionaron otra cuestión que el tribunal deberá tener en cuenta si resuelve intervenir en el recurso: la aprobación por parte del Poder Legislativo de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prorroga por 10 años el uso de las licencias.
Se trata del DNU 527/2005 aprobado por la Cámara de Diputados antes de la sanción de la ley 26.522 y por la de Senadores con posterioridad.
Consejo de Medios
Audiovisuales Preservación
Documental y Defensa de la
Audiencia
Fuentes vinculadas al máximo tribunal indicaron que en el acuerdo de ayer los ministros no se decidieron por ninguna de las dos posibilidades que tienen ante el planteo del Estado: el rechazo o la remisión a la Procuración General de la Nación para que emita su opinión sobre la medida cautelar.
Para que la Corte le de "vista" a la Procuración, antes debe considerar que se trata de una cuestión que reviste "gravedad institucional", ya que de otra manera rechaza intervenir en resoluciones que no sean sentencias definitivas.
Meses atrás la Corte revocó una medida provisoria dictada por la justicia federal de Mendoza contra la aplicación de la norma, al afirmar que quien la impulsó era un legislador que carecía de legitimación para hacerlo y la impugnación estaba dirigida contra la ley 26.522.
"En este caso -aclaró la fuente- se trata de un interesado directo (el Grupo Clarín) y la medida cautelar suspende un solo artículo", el 161, que obliga a las empresas a adecuarse a la ley -con la limitación que ella establece para la explotación de licencias- dentro del plazo de un año de su reglamentación.
Allegados a la Corte mencionaron otra cuestión que el tribunal deberá tener en cuenta si resuelve intervenir en el recurso: la aprobación por parte del Poder Legislativo de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prorroga por 10 años el uso de las licencias.
Se trata del DNU 527/2005 aprobado por la Cámara de Diputados antes de la sanción de la ley 26.522 y por la de Senadores con posterioridad.
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