La Corte Suprema deberá expedirse sobre la cláusula de "desinversión" de la ley de Medios

(Políticas y Medios) Mientras avanzan los foros de consulta para la reglamentación de la norma, se conoció hoy una nueva decisión en el marco de la disputa judicial entre el Estado y los grupos monopólicos. La Cámara en lo Civil y Comercial porteña giró al máximo tribunal la medida cautelar que frenó la aplicación del artículo 161, objetado por Clarín. Luego de poner en vigencia la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Corte Suprema de Justicia deberá volver a expedirse sobre la norma, pero esta vez en lo que respecta a artículo 161, que contiene la llamada cláusula de "desinversión" objetada judicialmente por el grupo Clarín La medida fue adoptada hoy por la Cámara en lo Civil y Comercial porteña al hacer lugar a un recurso extraordinario presentado por la Procuración General de Tesoro en contra de la medida cautelar dispuesta por ese tribunal que suspendió la aplicación de dicho artículo. Ese tramo de la norma dispone el plazo de un año para que las empresas monopólicas se deshagan de las licencias excedentarias, cuya suspensión fue pedida por el grupo Clarín junto a la del artículo 41, referido a la intransferibilidad de las licencias actuales. En primera instancia, el juez Edmundo Carbone concedió la suspensión de los dos artículos, pero luego la Sala I del Cámara revocó la cautelar sobre el 41 dejando en pie la suspensión del artículo 161. La medida apelada por los abogados del Estado, que dirige el procurador Joaquín Da Rocha, fue girada ahora a la Corte Suprema que, como primer paso, elevará el expediente al procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que dictamine sobre la "admisibilidad" del recurso extraordinario. De este modo, el máximo tribunal, que ya puso en vigencia la ley suspendida en su totalidad por la justicia de Mendoza, deberá expedirse ahora sobre un artículo específico objetado por el grupo Clarín. Todas estas empresas del grupo de multimedios habían aducido que el artículo en cuestión es violatorio del derecho de propiedad, por cuanto las obliga deshacerse de las licencias que exceden la cantidad autorizada por la Ley 26.522. En su presentación, el Grupo manifestó ser titular de 4 licencias de televisión abierta, 8 licencias de radiodifusión sonora que explota Radio Mitre y 180 servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico. Además, confirmaron poseer 36 servicios de radiodifusión por suscripción con uso del espectro radioeléctrico mediante la que presta el servicio de televisión por cable e internet por Cablevisión y 7 señales de contenido para la televisión paga que se emiten por los distintos sistemas de cable. En su apelación, la Procuración negó cualquier vulneración del derecho de propiedad al sostener que el vínculo jurídico que une a estas empresas con sus licencias es "de naturaleza administrativa, encontrándose en juego el espacio radioeléctrico, respecto del cual el Estado ejerce el derecho a regular su uso", según expresaron los abogados del Estado. "Por lo tanto, todo aquel titular de licencia se ha constituido en un administrado que obtuvo un privilegio temporal para desarrollar una actividad, que se encuentra sometida a una relación de especial sujeción, y que no posee, en consecuencia, derecho a la intangibilidad de esa situación jurídica", ampliaron. Según información interna, a partir de que la Corte reciba las actuaciones, realizará, previo dictamen de la Procurador General de la Nación, un examen de "admisibilidad" del recurso y, en caso afirmativo, pasará a resolverlo. Avanza la reglamentación. Hoy comenzaron en Río Cuarto, Córdoba, Resistencia y Santa Fe los foros abiertos de consulta para la reglamentación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La convocatoria fue organizada por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual para que, así como se puso en debate el texto del proyecto de la ley, se escuchen propuestas para su reglamentación, último paso que se necesita para que la norma comience a ser operativa en su totalidad. Bajo el titulo de "Procedimiento de Elaboración Participativa", se decretó la ronda de consultas que estará abierta por un plazo de quince días, según la resolución 174/10 publicada ayer en el Boletín Oficial, firmada por Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Consultado por Política&Medios , Néstor Busso, titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CFCA), explicó que el camino de la reglamentación implica dos procesos paralelos y complementarios. “Uno es el convocado por nuestro organismo, que son los foros abiertos y participativos que se darán en distintos lugares del país. De aquí al martes, por ejemplo, habrá 14”, señaló Busso. “El otro –agregó- es la convocatoria realizada por la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, que está convocando al proceso de elaboración participativa de normas en el marco del decreto 1172. El organismo tiene un periodo de 15 días para recibir propuestas a la reglamentación”. Para aclarar ambos procesos, Busso explicó que en la práctica los foros van a recoger propuestas que tomará el CFCA y éste, a su vez, los entregará a la Autoridad Federal. Aparte, el organismo dirigido por Mariotto, a través de Internet o papel, recibirá aportes en forma directa de cualquiera que quiera presentarlo “Estas dos cosas no se superponen ni se oponen. Son complementarias una de otra”, agregó. Asimismo, Busso detalló que la “misma ley dice que la Autoridad Federal tiene que elevar al poder Ejecutivo un proyecto de reglamentación, el cual tiene que ser aprobada por decreto presidencial. Para la elevación de esa propuesta, la ley establece un plazo de 60 días”. Sin embargo, el titular de CFCA aclaró que son 60 días a partir de la constitución de la Autoridad Federal –fechada el 10 de diciembre de 2009-, “y hay que empezar a contar de esa fecha hasta que la ley quedó suspendida por las medidas cautelares, que fue en los primeros días de febrero, y ese periodo se retoma ahora. Entonces nos quedan aproximadamente 15 o 20 días”, adelantó. Finalmente, Busso confirmó que “la ley tiene plena vigencia y no está suspendida”, negando así la información publicada por algunos medios como Clarín que, desde su portal digital, señaló ayer que “aunque la Ley de Medios sigue suspendida, el Gobierno avanza en su reglamentación”.

Consejo de Medios
Audiovisuales Preservación
Documental y Defensa de la
Audiencia