Por la vigencia de la nueva ley 10 de junio
Firman, entre otros, el CELS, la Facultad de Sociales de la UBA, la Universidad de Quilmes y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Afirman que la suspensión de la norma
“bloqueó” el proceso participativo de la sanción de la norma.
Más de veinte organizaciones enviaron ayer un escrito a la Corte Suprema reclamando al tribunal que levante la suspensión de la ley de medios audiovisuales. Patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representantes de universidades, sindicatos y organismos de derechos humanos argumentaron que la decisión de la Cámara mendocina de hacer lugar a un amparo de un diputado opositor reinstala la ley de Radiodifusión aprobada por la dictadura en donde “sólo las sociedades comerciales tienen derecho a ser titulares de licencias”. La presentación se produce luego de que el procurador Esteban Righi recomendara a la Corte que revoque las cautelares en contra de la norma.
Los firmantes eligieron la figura del amicus curiae (amigos del tribunal) para pedirle a la Corte que restablezca la vigencia de la ley aprobada en el Congreso en octubre pasado, argumentando que su suspensión restringe el derecho a la libertad de expresión. Explicaron que con el proceso judicial iniciado en Mendoza por el diputado Enrique Thomas vuelve a regir la ley de Radiodifusión de 1980, que impide el acceso a licencias de entidades sin fines de lucro.
El escrito de 41 páginas que ingresó ayer a la Corte también afirma que el proceso de discusión de la nueva ley generó “un debate democrático a través de diversas vías, como las audiencias públicas” y destaca que el texto discutido en el Parlamento incluyó más de veinte foros en todo el país por medio de los que se incorporaron más de doscientos aportes al texto original. Las organizaciones entendieron que la decisión de la Cámara Federal de Mendoza “resolvió bloquear” este proceso participativo.
El 25 de marzo, la Cámara mendocina confirmó la decisión de la jueza Olga Pura de Arrabal de suspender la aplicación de toda la ley. El Gobierno apeló la medida y el tema llegó al máximo tribunal, que se expedirá en las próximas semanas. El amicus argumenta:
- que al suspenderse la nueva norma “subsisten las limitaciones inconstitucionales” de la 22.285, como la prohibición del acceso a licencias de las entidades sin fines de lucro (por ejemplo, las radios comunitarias).
- que la cautelar afectó derechos de los trabajadores “pues suspendió una legislación que garantiza cuotas de protección”, citando como ejemplos la ampliación de noticieros, las cuotas de pantalla y la obligación de presentar contenidos de origen nacional.
- que la suspensión de la ley afecta a los músicos independientes, ya que la normativa nueva contemplaba cuotas para su protección y difusión.
De acuerdo con los firmantes, la decisión de la Cámara mendocina “no consideró (...) la potencial vulneración de derechos individuales y colectivos de terceros al estudiar la procedencia de la medida”, priorizando, en cambio, “el interés individual del actor” (Thomas). El texto insiste en que el legislador, lejos de ser –como planteó– un representante de todos los “consumidores de medios audiovisuales”, les produce un daño concreto con su acción judicial, al impedir que actores sin fines de lucro se beneficien de una nueva ley que contemple su acceso a licencias.
El texto lleva la firma de Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS; Sergio Caletti, decano de la facultad de Sociales de la UBA; Martín Becerra, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes; José Insaurralde, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; y Mario Farías, vicepresidente de Farco, entre otros. Los firmantes forman parte de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, creada en 2004, que brega por una regulación democrática que garantice el pluralismo y la diversidad de voces. (página /12)
Los firmantes eligieron la figura del amicus curiae (amigos del tribunal) para pedirle a la Corte que restablezca la vigencia de la ley aprobada en el Congreso en octubre pasado, argumentando que su suspensión restringe el derecho a la libertad de expresión. Explicaron que con el proceso judicial iniciado en Mendoza por el diputado Enrique Thomas vuelve a regir la ley de Radiodifusión de 1980, que impide el acceso a licencias de entidades sin fines de lucro.
El escrito de 41 páginas que ingresó ayer a la Corte también afirma que el proceso de discusión de la nueva ley generó “un debate democrático a través de diversas vías, como las audiencias públicas” y destaca que el texto discutido en el Parlamento incluyó más de veinte foros en todo el país por medio de los que se incorporaron más de doscientos aportes al texto original. Las organizaciones entendieron que la decisión de la Cámara Federal de Mendoza “resolvió bloquear” este proceso participativo.
El 25 de marzo, la Cámara mendocina confirmó la decisión de la jueza Olga Pura de Arrabal de suspender la aplicación de toda la ley. El Gobierno apeló la medida y el tema llegó al máximo tribunal, que se expedirá en las próximas semanas. El amicus argumenta:
- que al suspenderse la nueva norma “subsisten las limitaciones inconstitucionales” de la 22.285, como la prohibición del acceso a licencias de las entidades sin fines de lucro (por ejemplo, las radios comunitarias).
- que la cautelar afectó derechos de los trabajadores “pues suspendió una legislación que garantiza cuotas de protección”, citando como ejemplos la ampliación de noticieros, las cuotas de pantalla y la obligación de presentar contenidos de origen nacional.
- que la suspensión de la ley afecta a los músicos independientes, ya que la normativa nueva contemplaba cuotas para su protección y difusión.
De acuerdo con los firmantes, la decisión de la Cámara mendocina “no consideró (...) la potencial vulneración de derechos individuales y colectivos de terceros al estudiar la procedencia de la medida”, priorizando, en cambio, “el interés individual del actor” (Thomas). El texto insiste en que el legislador, lejos de ser –como planteó– un representante de todos los “consumidores de medios audiovisuales”, les produce un daño concreto con su acción judicial, al impedir que actores sin fines de lucro se beneficien de una nueva ley que contemple su acceso a licencias.
El texto lleva la firma de Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS; Sergio Caletti, decano de la facultad de Sociales de la UBA; Martín Becerra, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes; José Insaurralde, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; y Mario Farías, vicepresidente de Farco, entre otros. Los firmantes forman parte de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, creada en 2004, que brega por una regulación democrática que garantice el pluralismo y la diversidad de voces. (página /12)
Consejo de Medios
Audiovisuales Preservación
Documental y Defensa de la
Audiencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario