Pasaron dos meses sin que la Sala III resuelva los planteos hechos por Magnetto y Mitre. Tampoco fijó la competencia jurisdiccional. Esto frena el llamado a declaración indagatoria de los sospechosos.
A más de dos meses de que la Cámara Nacional de Casación Penal entregara a la Sala III el expediente de Papel Prensa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se mostró preocupada "por la suspensión de la causa que investiga la apropiación ilícita de la empresa durante la última dictadura cívico-militar" y reclamó "celeridad" al tribunal a cargo, que aún ni siquiera determinó de qué jurisdicción será la competencia.
"Presentamos un Pronto Despacho a fin de que los jueces de la Sala III respondan con celeridad y resuelvan los planteos formulados por la defensa y la Secretaría de Derechos Humanos como querellante de la causa", sostuvo Martín Fresneda, titular del organismo. Su pedido estuvo acompañado por el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, y la directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, Andrea Gualde.
En la causa se investiga la denuncia por privación ilegítima de la libertad de los integrantes del Grupo Graiver, antiguos propietarios de la empresa Papel Prensa, y la posterior transferencia por parte de la Junta Militar del paquete accionario a los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Por estos hechos están sospechados, entre otros, Héctor Magnetto, CEO de Clarín, y el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre.
A mediados de agosto pasado y también por pedido de la Secretaría de Derechos Humanos, la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso que fuera la Sala III la encargada de definir, "sin trámite", los recursos interpuestos por las defensas particulares de Magnetto y Mitre, así como de determinar la competencia territorial. Es decir, si el expediente debe estar en manos de la justicia de la Capital Federal o, en cambio, corresponde tratarse en tribunales de La Plata, la otra jurisdicción en pugna. Esclarecer esta cuestión es fundamental para que, finalmente, se pueda llamar a prestar declaración indagatoria a los señalados como responsables.
En el caso de la disyuntiva jurisdiccional, comenzó en agosto de 2011, cuando el juez federal Daniel Rafecas se hizo a un lado, rechazando el expediente, por entender que su competencia natural era la justicia platense. Por su parte, en la Plata también se excusaron, aplicando los mismos argumentos pero en sentido inverso.
Para Fresneda, "esta causa es fundamental para determinar la responsabilidad de grupos civiles que han sido cómplices de delitos de extorsión, tortura, privación ilegitima de la libertad y asociación ilícita hacia los integrantes del Grupo Graiver". Por eso, desde el punto de vista del secretario, "esta dilación no tiene asidero en un país en el que la política de derechos humanos es política de Estado".
En este sentido, el funcionario agregó que la Sala en cuestión, que tiene como presidente a Eduardo Rafael Riggi y como vice a Liliana Catucci, "no puede volverse un cuello de botella como fue la Cámara de Casación en la época de Alfredo Bisordi". También se refirió a los motivos que puedan ocasionar el aplazamiento de la toma de decisión por parte de los camaristas. "Esperamos que razones extrañas a la función de los jueces no estén motivando dicha demora", sostuvo Fresneda.
No es la primera vez que esta investigación, iniciada el 30 de marzo de 2010, sufre un parate que motiva el reclamo repetido del gobierno nacional. En muchos casos, la dilación fue fruto de las maniobras impulsadas por las defensas de los acusados, que interfirieron con el normal trámite de la causa. «
"Presentamos un Pronto Despacho a fin de que los jueces de la Sala III respondan con celeridad y resuelvan los planteos formulados por la defensa y la Secretaría de Derechos Humanos como querellante de la causa", sostuvo Martín Fresneda, titular del organismo. Su pedido estuvo acompañado por el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, y la directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, Andrea Gualde.
En la causa se investiga la denuncia por privación ilegítima de la libertad de los integrantes del Grupo Graiver, antiguos propietarios de la empresa Papel Prensa, y la posterior transferencia por parte de la Junta Militar del paquete accionario a los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Por estos hechos están sospechados, entre otros, Héctor Magnetto, CEO de Clarín, y el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre.
A mediados de agosto pasado y también por pedido de la Secretaría de Derechos Humanos, la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso que fuera la Sala III la encargada de definir, "sin trámite", los recursos interpuestos por las defensas particulares de Magnetto y Mitre, así como de determinar la competencia territorial. Es decir, si el expediente debe estar en manos de la justicia de la Capital Federal o, en cambio, corresponde tratarse en tribunales de La Plata, la otra jurisdicción en pugna. Esclarecer esta cuestión es fundamental para que, finalmente, se pueda llamar a prestar declaración indagatoria a los señalados como responsables.
En el caso de la disyuntiva jurisdiccional, comenzó en agosto de 2011, cuando el juez federal Daniel Rafecas se hizo a un lado, rechazando el expediente, por entender que su competencia natural era la justicia platense. Por su parte, en la Plata también se excusaron, aplicando los mismos argumentos pero en sentido inverso.
Para Fresneda, "esta causa es fundamental para determinar la responsabilidad de grupos civiles que han sido cómplices de delitos de extorsión, tortura, privación ilegitima de la libertad y asociación ilícita hacia los integrantes del Grupo Graiver". Por eso, desde el punto de vista del secretario, "esta dilación no tiene asidero en un país en el que la política de derechos humanos es política de Estado".
En este sentido, el funcionario agregó que la Sala en cuestión, que tiene como presidente a Eduardo Rafael Riggi y como vice a Liliana Catucci, "no puede volverse un cuello de botella como fue la Cámara de Casación en la época de Alfredo Bisordi". También se refirió a los motivos que puedan ocasionar el aplazamiento de la toma de decisión por parte de los camaristas. "Esperamos que razones extrañas a la función de los jueces no estén motivando dicha demora", sostuvo Fresneda.
No es la primera vez que esta investigación, iniciada el 30 de marzo de 2010, sufre un parate que motiva el reclamo repetido del gobierno nacional. En muchos casos, la dilación fue fruto de las maniobras impulsadas por las defensas de los acusados, que interfirieron con el normal trámite de la causa. «
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