De este modo el oficialismo dio un paso sustancial para sancionar uno de los proyectos centrales del paquete de leyes de democratización de la justicia, ya que ese organismo incorporado en la reforma de la Constitución de 1994, es el órgano encargado de confeccionar las ternas de candidatos al Poder Judicial de jueces nacionales y federales.
El Frente para la Victoria y sus aliados lograron 39 votos a favor del proyecto, superando por dos los 37 votos que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional para modificar la ley del Consejo de la Magistratura.
Ahora la Cámara de Diputados tiene previsto convertir en ley este proyecto la próxima semana y por ese motivo el martes realizará un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia.
La reforma del Consejo de la Magistratura no sólo establece la elección por sus miembros a través del voto popular, sino que crea procedimientos para poder nombrar jueces subrogantes y realizar concursos previos para cubrir eventuales vacantes.
Entre otros puntos, la iniciativa establece que se amplia de 13 a 19 los miembros el Consejo, con lo cual deberán ser elegidos por la ciudadanía los tres jueces, tres abogados y seis representantes de los ámbitos académicos o científicos, de reconocida trayectoria en algunas de las disciplinas universitarias.
En el caso de los abogados y jueces corresponderán dos a la mayoría y uno a la minoría, mientras que en el caso de los científicos serán cuatro representantes para la lista ganadora y dos para aquella que obtenga el segundo lugar.
Las elecciones de abogados, académicos, y jueces se realizarán en forma conjunta con las elecciones generales presidenciales y aplicando el sistema de elecciones primarias abiertas para definir los postulantes y, a partir de una modificación introducida en el recinto, y no podrán ser reelegidos sino con un período de por medio.
De todos modos se aplicará una excepción para este año porque esos comicios se realizarán junto a las elecciones de renovación parlamentaria, y durarán excepcionalmente dos años y se incorporarán sin perjuicio de la permanencia de quienes tengan mandato actualmente hasta el 2014, con lo cual puede haber excepcionalmente 25 miembros hasta el próximo año.
El debate sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo se inició después de las 13, luego de que el oficialismo logró el quórum necesario, y finalizó casi a las 22.
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, el kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes, quien criticó la conducta de "temor a la soberanía popular y al voto del pueblo, instrumentado a través de los medios hegemónicos" para rechazar la reforma judicial propuesta por el Gobierno.
Fuentes negó que la iniciativa contenga aspectos inconstitucionales, acusó a la oposición de rechazar las propuestas oficiales "sin conocer el contenido" y afirmó que "garantizan la independencia del Poder Judicial y la soberanía popular".
El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, pidió “desdramatizar” el debate porque “no estamos construyendo ninguna epopeya, ni un hecho revolucionario” y agregó que “tampoco se va a caer la república por estas leyes”.
“Estamos dando algunos pasos que se complementarán con otros. Hubo una invitación de la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y toda la oposición no fue. Y hay respeto a la institucionalidad cuando invita un presidente, y ustedes no fueron”, acusó.
A su turno, el bonaerense Aníbal Fernández dijo que “entramos en cambios medulares” y que cuando se creó el artículo 114 de la Constitución reformada en 1994 “se acuerda” que el Consejo de la Magistratura es “parte del Poder Judicial, pero sin subordinación”.
También sostuvo que “nadie está buscando de antemano ventajas” y que “no puede haber objeción constitucional entre la elección popular y los principios de la Constitución”.
“Que los miembros del Consejo sean elegidos por la voluntad popular y no por estamentos corporativos”, sentenció.
En tanto, el senador radical Ernesto Sanz consideró que la propuesta del oficialismo "es un retroceso aunque se la disfrace de modernización de la Justicia".
El mendocino opinó "de lo que se habla es de cambios permanentes no coyunturales que exceden a los gobiernos de turno".
“La existencia de tres poderes del Estado es una cosa permanente y cuando se pretende modificar la esencia se lo hace a través de una reforma constitucional, eso hicimos en 1994", recordó Sanz, y agregó: "Cuando nosotros defendíamos estas cosas en los `90 ustedes eran socios de los malos".
El jefe del bloque de la UCR, José Cano, criticó el “grado de improvisación” del oficialismo “para tratar este tipo de normas”, y cuestionó los proyectos porque “son claramente un retroceso en la tan anhelada búsqueda de la democratización de la Justicia”.
“Nos convocan a discutir cuestiones que ya están absolutamente discutidas”, agregó y reclamó “democratizar las prácticas políticas”.
Finalmente, el socialista Rubén Giustiniani, en representación del Frente Amplio Progresista, aseguró que la reforma que impulsa el oficialismo “no respeta la premisa constitucional de asegurar la independencia de los jueces, sepulta la independencia de la justicia y pretende recuperar la mayoría automática de la Corte menemista”.
“Con esta nueva manera de elegir la nueva composición del Consejo se quiebra en los hechos la regla constitucional del equilibrio representativo de dicho órgano, ya que se impondrá la voluntad del poder político de turno, habrá mayoría de un mismo color, por más que se elijan extrapartidarias en las listas”, sentenció.
Finalmente, el justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá consideró que “esta es una crisis profunda y enorme del Poder Judicial” dijo que la Corte Suprema, cuando no se cumplen sus sentencias “mira para el costado”.
En el caso de los abogados y jueces corresponderán dos a la mayoría y uno a la minoría, mientras que en el caso de los científicos serán cuatro representantes para la lista ganadora y dos para aquella que obtenga el segundo lugar.
Las elecciones de abogados, académicos, y jueces se realizarán en forma conjunta con las elecciones generales presidenciales y aplicando el sistema de elecciones primarias abiertas para definir los postulantes y, a partir de una modificación introducida en el recinto, y no podrán ser reelegidos sino con un período de por medio.
De todos modos se aplicará una excepción para este año porque esos comicios se realizarán junto a las elecciones de renovación parlamentaria, y durarán excepcionalmente dos años y se incorporarán sin perjuicio de la permanencia de quienes tengan mandato actualmente hasta el 2014, con lo cual puede haber excepcionalmente 25 miembros hasta el próximo año.
El debate sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo se inició después de las 13, luego de que el oficialismo logró el quórum necesario, y finalizó casi a las 22.
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, el kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes, quien criticó la conducta de "temor a la soberanía popular y al voto del pueblo, instrumentado a través de los medios hegemónicos" para rechazar la reforma judicial propuesta por el Gobierno.
Fuentes negó que la iniciativa contenga aspectos inconstitucionales, acusó a la oposición de rechazar las propuestas oficiales "sin conocer el contenido" y afirmó que "garantizan la independencia del Poder Judicial y la soberanía popular".
El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, pidió “desdramatizar” el debate porque “no estamos construyendo ninguna epopeya, ni un hecho revolucionario” y agregó que “tampoco se va a caer la república por estas leyes”.
“Estamos dando algunos pasos que se complementarán con otros. Hubo una invitación de la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y toda la oposición no fue. Y hay respeto a la institucionalidad cuando invita un presidente, y ustedes no fueron”, acusó.
A su turno, el bonaerense Aníbal Fernández dijo que “entramos en cambios medulares” y que cuando se creó el artículo 114 de la Constitución reformada en 1994 “se acuerda” que el Consejo de la Magistratura es “parte del Poder Judicial, pero sin subordinación”.
También sostuvo que “nadie está buscando de antemano ventajas” y que “no puede haber objeción constitucional entre la elección popular y los principios de la Constitución”.
“Que los miembros del Consejo sean elegidos por la voluntad popular y no por estamentos corporativos”, sentenció.
En tanto, el senador radical Ernesto Sanz consideró que la propuesta del oficialismo "es un retroceso aunque se la disfrace de modernización de la Justicia".
El mendocino opinó "de lo que se habla es de cambios permanentes no coyunturales que exceden a los gobiernos de turno".
“La existencia de tres poderes del Estado es una cosa permanente y cuando se pretende modificar la esencia se lo hace a través de una reforma constitucional, eso hicimos en 1994", recordó Sanz, y agregó: "Cuando nosotros defendíamos estas cosas en los `90 ustedes eran socios de los malos".
El jefe del bloque de la UCR, José Cano, criticó el “grado de improvisación” del oficialismo “para tratar este tipo de normas”, y cuestionó los proyectos porque “son claramente un retroceso en la tan anhelada búsqueda de la democratización de la Justicia”.
“Nos convocan a discutir cuestiones que ya están absolutamente discutidas”, agregó y reclamó “democratizar las prácticas políticas”.
Finalmente, el socialista Rubén Giustiniani, en representación del Frente Amplio Progresista, aseguró que la reforma que impulsa el oficialismo “no respeta la premisa constitucional de asegurar la independencia de los jueces, sepulta la independencia de la justicia y pretende recuperar la mayoría automática de la Corte menemista”.
“Con esta nueva manera de elegir la nueva composición del Consejo se quiebra en los hechos la regla constitucional del equilibrio representativo de dicho órgano, ya que se impondrá la voluntad del poder político de turno, habrá mayoría de un mismo color, por más que se elijan extrapartidarias en las listas”, sentenció.
Finalmente, el justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá consideró que “esta es una crisis profunda y enorme del Poder Judicial” dijo que la Corte Suprema, cuando no se cumplen sus sentencias “mira para el costado”.
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