El Gobierno nacional presentaría antes del miércoles, día en que la presidenta Cristina Fernández viaja a Nueva York, una denuncia penal contra los dueños de Clarín y La Nación por delitos de lesa humanidad cometidos para apropiarse de la empresa Papel Prensa, de la que actualmente son sus mayores accionistas.
Eduardo Luis Duhalde, secretario de DD.HH.La acusación, en la que trabajó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ante la Fiscalía Federal de La Plata.
La acusación se centrará en el accionar de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y de su CEO, Héctor Magnetto, y del ex directivo de La Nación, Bartolomé Mitre, durante el traspaso de acciones de Papel Prensa durante la última dictadura militar. Sin embargo, también incluirá a la cúpula política y económica del gobierno de facto. En la Casa Rosada buscan probar que se cometieron delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles a pesar del paso del tiempo.
En ese marco, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentará como prueba los informes firmados por el general Oscar Bartolomé Gallino en los que reconocía reuniones con los directivos de Clarín, La Nación y La Razón durante los interrogatorios a los que la familia Graiver fueron sometidos bajo tortura y tormentos en el centro clandestino conocido como El Pozo de Banfield.
En la presentación que se hará ante la Justicia platense, donde se probaron las torturas a Lidia Graiver, trabajó personalmente durante los últimos dos meses el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. El texto, de aproximadamente 200 páginas, está para su análisis en la Secretaría Legal y Técnica y en la Procuración del Tesoro, hace poco más de una semana, y desde entonces su elevación a la Justicia es inminente, tal como anticipó el viernes Buenos Aires Económico.
Por este motivo, algunas fuentes oficiales especulan que la presentación podría hacerse antes de que el miércoles la presidenta Cristina Fernández viaje a Nueva York para participar de la Cumbre de las Naciones Unidas. Ese mismo día, el ex vicepresidente del Grupo Graiver Rafael Ianover declarará ante los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro.
Asimismo, la Fiscalía Federal platense pidió incorporar a la causa -que instruye por orden del juez Arnaldo Corazza- la investigación hecha a mediados de la década de los '80 por el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas.
Por aquel entonces, en 1986, la revista El Periodista publicó un artículo del periodista Marcelo Zlotogwiazda en el que denunciaba la apropiación de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, y entrevistaba a Molinas, quien ya entonces mencionó que Lidia Papaleo de Graiver había denunciado que la obligaron a vender sus acciones bajo presión.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya es querellante en la causa por los delitos cometidos contra integrantes del grupo Graiver en los centros clandestinos de detención del circuito Camps. El magistrado platense recibió el caso de parte de su colega porteño Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente porque vinculó el traspaso de las acciones “con el sistema represivo establecido por el gobierno de facto”.
“Existen -dijo- distintos elementos que determinan la conclusión de una clara inescindibilidad entre los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieran por víctimas a una serie de personas vinculadas con la firma Papel Prensa y la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones”.
Eduardo Luis Duhalde, secretario de DD.HH.La acusación, en la que trabajó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ante la Fiscalía Federal de La Plata.
La acusación se centrará en el accionar de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y de su CEO, Héctor Magnetto, y del ex directivo de La Nación, Bartolomé Mitre, durante el traspaso de acciones de Papel Prensa durante la última dictadura militar. Sin embargo, también incluirá a la cúpula política y económica del gobierno de facto. En la Casa Rosada buscan probar que se cometieron delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles a pesar del paso del tiempo.
En ese marco, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentará como prueba los informes firmados por el general Oscar Bartolomé Gallino en los que reconocía reuniones con los directivos de Clarín, La Nación y La Razón durante los interrogatorios a los que la familia Graiver fueron sometidos bajo tortura y tormentos en el centro clandestino conocido como El Pozo de Banfield.
En la presentación que se hará ante la Justicia platense, donde se probaron las torturas a Lidia Graiver, trabajó personalmente durante los últimos dos meses el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. El texto, de aproximadamente 200 páginas, está para su análisis en la Secretaría Legal y Técnica y en la Procuración del Tesoro, hace poco más de una semana, y desde entonces su elevación a la Justicia es inminente, tal como anticipó el viernes Buenos Aires Económico.
Por este motivo, algunas fuentes oficiales especulan que la presentación podría hacerse antes de que el miércoles la presidenta Cristina Fernández viaje a Nueva York para participar de la Cumbre de las Naciones Unidas. Ese mismo día, el ex vicepresidente del Grupo Graiver Rafael Ianover declarará ante los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro.
Asimismo, la Fiscalía Federal platense pidió incorporar a la causa -que instruye por orden del juez Arnaldo Corazza- la investigación hecha a mediados de la década de los '80 por el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas.
Por aquel entonces, en 1986, la revista El Periodista publicó un artículo del periodista Marcelo Zlotogwiazda en el que denunciaba la apropiación de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, y entrevistaba a Molinas, quien ya entonces mencionó que Lidia Papaleo de Graiver había denunciado que la obligaron a vender sus acciones bajo presión.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya es querellante en la causa por los delitos cometidos contra integrantes del grupo Graiver en los centros clandestinos de detención del circuito Camps. El magistrado platense recibió el caso de parte de su colega porteño Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente porque vinculó el traspaso de las acciones “con el sistema represivo establecido por el gobierno de facto”.
“Existen -dijo- distintos elementos que determinan la conclusión de una clara inescindibilidad entre los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieran por víctimas a una serie de personas vinculadas con la firma Papel Prensa y la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones”.
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