Por primera vez se conocieron expedientes secretos del Ejército que vinculan la burocracia criminal en la trama del despojo de Papel Prensa a Lidia Papaleo, basado en conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón. Así, Los "interrogatorios" a los detenidos en los campos de exterminio fueron diseñados por la dictadura.
Los documentos, dados a conocer por el diario Tiempo Argentino, muestran claramente la participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la Justicia.
Los cuatro documentos fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda "Diligencia dejando constancia", mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año. La justicia había respondido en forma negativa a más de 7 mil habeas corpus. La Junta Militar -la del golpe de 1976, la de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti- también había declarado caducos los mandatos de la presidenta constitucional de la Nación (Isabel Martínez de Perón), de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disuelto el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y los consejos municipales de provincias; removido la Corte Suprema, suspendido la discusión política y los partidos políticos, y prohibida las actividades gremiales, profesionales y estudiantiles.
Documentos. El primer documento que del 7 de abril de 1977, lleva la firma del "oficial Superior Preventor Oscar Gallino". El militar estaba a cargo de la "investigación": un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía "a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo 'Fundador' de Papel Prensa".
Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.
¿Cómo era el proceso? Todo quedó por escrito. Gallino se reunía con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos. Con ellos armaban las preguntas. El Consejo de Guerra Especial Estable número 2, del Comando Zona 1 (a cargo del I Cuerpo de Ejército, con asiento en Palermo, y jurisdicción sobre casi toda la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa), les "tomaba declaraciones" a los prevenidos, es decir, interrogaba a los secuestrados (los Graiver y sus empleados). Se realizaba una "prevención sumarial", es decir, un expediente, como resultado del interrogatorio tomado por "el Oficial Superior Preventor" (sí, Gallino). Y ese material, mientras quedaba registrado en el expediente del Ejército Argentino, también era remitido al juzgado que llevara adelante la causa, para blanquearlo -cuando la ocasión se presentara- ante el fuero judicial.
En el caso de los Graiver, el operativo de "legalización" lo hizo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, a cargo de Hugo Molteni (Secretaría Número 11, Ana Benaventano). Así de ilegal, así de perverso
Por primera vez se conocieron expedientes secretos del Ejército que vinculan la burocracia criminal en la trama del despojo de Papel Prensa a Lidia Papaleo, basado en conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón. Así, Los "interrogatorios" a los detenidos en los campos de exterminio fueron diseñados por la dictadura.Los documentos, dados a conocer por el diario Tiempo Argentino, muestran claramente la participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la Justicia.Los cuatro documentos fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda "Diligencia dejando constancia", mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año. La justicia había respondido en forma negativa a más de 7 mil habeas corpus. La Junta Militar -la del golpe de 1976, la de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti- también había declarado caducos los mandatos de la presidenta constitucional de la Nación (Isabel Martínez de Perón), de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disuelto el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y los consejos municipales de provincias; removido la Corte Suprema, suspendido la discusión política y los partidos políticos, y prohibida las actividades gremiales, profesionales y estudiantiles. Documentos. El primer documento que del 7 de abril de 1977, lleva la firma del "oficial Superior Preventor Oscar Gallino". El militar estaba a cargo de la "investigación": un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía "a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo 'Fundador' de Papel Prensa".Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo. ¿Cómo era el proceso? Todo quedó por escrito. Gallino se reunía con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos. Con ellos armaban las preguntas. El Consejo de Guerra Especial Estable número 2, del Comando Zona 1 (a cargo del I Cuerpo de Ejército, con asiento en Palermo, y jurisdicción sobre casi toda la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa), les "tomaba declaraciones" a los prevenidos, es decir, interrogaba a los secuestrados (los Graiver y sus empleados). Se realizaba una "prevención sumarial", es decir, un expediente, como resultado del interrogatorio tomado por "el Oficial Superior Preventor" (sí, Gallino). Y ese material, mientras quedaba registrado en el expediente del Ejército Argentino, también era remitido al juzgado que llevara adelante la causa, para blanquearlo -cuando la ocasión se presentara- ante el fuero judicial. En el caso de los Graiver, el operativo de "legalización" lo hizo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, a cargo de Hugo Molteni (Secretaría Número 11, Ana Benaventano). Así de ilegal, así de perverso
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