El consejero de vigilancia por el Estado en la empresa, Alberto González Arzac, le pidió al presidente de la compañía, Alberto Maquieira, que ordene la elaboración de un dictamen donde se analicen “las posibles derivaciones y consecuencias” de la causa judicial.
El planteo se basó en los fundamentos de la resolución con la que el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar el caso y derivó las actuaciones a la justicia de La Plata, donde se investiga el accionar represivo en el denominado Circuito Camps, donde estaba ubicado el centro clandestino Puesto Vasco, donde fueron mantenidos en cautiverio los familiares y representantes legales del propietario original de Papel Prensa David Graiver. Rafecas consideró que las pruebas acumuladas le asignan “verosimilitud” a la hipótesis de la Secretaría de Derechos Humanos ,que denunció “la existencia de un concierto delictivo que permitiría la calificación de tales hechos como delitos de lesa humanidad y que tendría como su epicentro la privación ilegal de la libertad y tormento de las víctimas”. Leé la nota completa en el sitio de Tiempo Argentino.
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