El 14 de agosto de 1985 concluyó la etapa oral y pública del juicio a los ex miembros de las Juntas Militares que gobernaron el país durante la última dictadura cívico militar. Un hecho único en América Latina.
Se conoce como Juicio a las Juntas el proceso judicial realizado por la justicia civil (por oposición a la justicia militar) en la Argentina en 1985, por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) contra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período.
La sentencia condenó a algunos integrantes de las tres primeras juntas militares a severas penas. Éstos fueronindultados en 1990 por el presidente Carlos Menem. A partir de 2006 la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos decretados.
El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.
El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares.
La sentencia condenó a algunos integrantes de las tres primeras juntas militares a severas penas. Éstos fueronindultados en 1990 por el presidente Carlos Menem. A partir de 2006 la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos decretados.
El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.
El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares.
Con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación en 2003, comenzaron a llevarse a cabo en Argentina políticas públicas de derechos humanos que tienen, como objetivo esencial, enjuiciar a los militares que participaron del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.
En 2005, Néstor Kirchner impulsó en el Congreso la derogación de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, tema que se complementó con la declaración de inconstitucionalidad del juez Gabriel Cavallo y luego con el aval de la Corte Suprema de Justicia. A un año y medio de la derogación de esas normas, el Estado ya había enjuiciado y enviado a prisión a 124 represores. Para garantizar el debido proceso judicial y una investigación exhaustiva en cada caso, se creó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, que depende de la Procuración General de la Nación. Actualmente, son varias las causas que se están tramitando en todo el país.
Otra paso importante en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es el convenio de cooperación firmado, en octubre de 2011, por el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para facilitar la entrega de archivos producidos durante 1976 y 1983 que se encuentran en manos de las tres Fuerzas Armadas. El convenio se enmarca en un decreto de la presidenta Cristina Fernández de 2010 para desclasificar el material fechado entre 1976 y 1983 a partir del pedido del Ministerio de Defensa.
En 2005, Néstor Kirchner impulsó en el Congreso la derogación de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, tema que se complementó con la declaración de inconstitucionalidad del juez Gabriel Cavallo y luego con el aval de la Corte Suprema de Justicia. A un año y medio de la derogación de esas normas, el Estado ya había enjuiciado y enviado a prisión a 124 represores. Para garantizar el debido proceso judicial y una investigación exhaustiva en cada caso, se creó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, que depende de la Procuración General de la Nación. Actualmente, son varias las causas que se están tramitando en todo el país.
Otra paso importante en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es el convenio de cooperación firmado, en octubre de 2011, por el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para facilitar la entrega de archivos producidos durante 1976 y 1983 que se encuentran en manos de las tres Fuerzas Armadas. El convenio se enmarca en un decreto de la presidenta Cristina Fernández de 2010 para desclasificar el material fechado entre 1976 y 1983 a partir del pedido del Ministerio de Defensa.
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