El titular de la SIGEN, Daniel Reposo, aseguró que puede haber sanciones para la empresa, luego de que el apoderado de la firma impidiese el ingreso de los funcionarios públicos para comenzar sus tareas.
Puede haber sanciones contra Papel Prensa”, anticipó Daniel Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a Tiempo Argentino. Ayer, el funcionario y su equipo intentaron comenzar con las tareas de auditoría luego de que, en la asamblea del miércoles, los accionistas de Clarín, La Nación y el Estado no llegaron a un acuerdo para nombrar al nuevo contador. En consecuncia, los representantes públicos decidieron continuar con la reunión sin los socios privados y nombraron transitoriamente a la SIGEN como organismo responsable de la tarea. “El apoderado de la empresa, Eduardo Pigretti, apareció con patovicas y no dejó entrar a la contadora a las oficinas donde está la documentación”, explicó Reposo sobre lo ocurrido ayer cuando, junto a los representantes del Estado, fueron a la sede de Papel Prensa para iniciar los controles contables y no los dejaron entrar. Esto ocurrió a 20 días de que venza el plazo legal –el 10 de noviembre– para que la fábrica de papel presente ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) los balances trimestrales de la compañía.Clarín y La Nación insisten en el nombramiento de la firma Brea & Solans para certificar los papeles contables de la firma. Sin embargo, los funcionarios del Estado impugnaron la propuesta porque el estudio tiene vinculaciones con el actual presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira. El artículo 20 del Estatuto de la empresa establece que el Estado debe prestar el acuerdo para la designación del auditor. Sin embargo, el miércoles los socios privados intentaron imponer su “mayoría automática” por encima de las objeciones de los funcionarios públicos. Ayer, la disputa volvió a trasladarse al juzgado de Eduardo Malde, quien mantiene intervenida la empresa. Los funcionarios entregaron las actas rubricadas por la Escribanía General de la Nación, y anticiparon que comenzarían con las tareas de auditoría. El magistrado deberá definir cuál de las dos designaciones es la válida: la de los socios privados que intentaron imponer a Brea y Asociados o la de el Estado que nombró transitoriamente a la Sindicatura General de la Nación.El fantasma de las sanciones de la CNV a Papel Prensa sobrevuela el cuarto piso de las oficinas de la empresa. El organismo presidido por Alejandro Vanoli inició desde el año pasado más de diez sumarios contra la firma por distintas irregularidades. Ahora existe la posibilidad de la suspensión del permiso para operar en la Bolsa de Comercio si no se presentan los balances certificados por un contador en tiempo y forma.La sede de Papel Prensa es el escenario de la batalla por el control de la compañía. De un lado, los accionistas Clarín y La Nación impiden a los funcionarios nombrados por la presidenta Cristina Fernández el acceso a la documentación de la firma e imponen su “mayoría automática” en cada votación. Enfrente, los representantes del Estado usan todos los recursos a la mano para romper con el manejo unilateral de los socios privados. La orden presidencial es garantizar la transparencia en la firma y asegurar que todos los diarios del país accedan al papel al mismo precio y en las mismas condiciones que los medios accionistas
Consejo de Medios
Audiovisuales Preservación
Documental y Defensa de la
Audiencia
Puede haber sanciones contra Papel Prensa”, anticipó Daniel Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a Tiempo Argentino. Ayer, el funcionario y su equipo intentaron comenzar con las tareas de auditoría luego de que, en la asamblea del miércoles, los accionistas de Clarín, La Nación y el Estado no llegaron a un acuerdo para nombrar al nuevo contador. En consecuncia, los representantes públicos decidieron continuar con la reunión sin los socios privados y nombraron transitoriamente a la SIGEN como organismo responsable de la tarea. “El apoderado de la empresa, Eduardo Pigretti, apareció con patovicas y no dejó entrar a la contadora a las oficinas donde está la documentación”, explicó Reposo sobre lo ocurrido ayer cuando, junto a los representantes del Estado, fueron a la sede de Papel Prensa para iniciar los controles contables y no los dejaron entrar. Esto ocurrió a 20 días de que venza el plazo legal –el 10 de noviembre– para que la fábrica de papel presente ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) los balances trimestrales de la compañía.Clarín y La Nación insisten en el nombramiento de la firma Brea & Solans para certificar los papeles contables de la firma. Sin embargo, los funcionarios del Estado impugnaron la propuesta porque el estudio tiene vinculaciones con el actual presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira. El artículo 20 del Estatuto de la empresa establece que el Estado debe prestar el acuerdo para la designación del auditor. Sin embargo, el miércoles los socios privados intentaron imponer su “mayoría automática” por encima de las objeciones de los funcionarios públicos. Ayer, la disputa volvió a trasladarse al juzgado de Eduardo Malde, quien mantiene intervenida la empresa. Los funcionarios entregaron las actas rubricadas por la Escribanía General de la Nación, y anticiparon que comenzarían con las tareas de auditoría. El magistrado deberá definir cuál de las dos designaciones es la válida: la de los socios privados que intentaron imponer a Brea y Asociados o la de el Estado que nombró transitoriamente a la Sindicatura General de la Nación.El fantasma de las sanciones de la CNV a Papel Prensa sobrevuela el cuarto piso de las oficinas de la empresa. El organismo presidido por Alejandro Vanoli inició desde el año pasado más de diez sumarios contra la firma por distintas irregularidades. Ahora existe la posibilidad de la suspensión del permiso para operar en la Bolsa de Comercio si no se presentan los balances certificados por un contador en tiempo y forma.La sede de Papel Prensa es el escenario de la batalla por el control de la compañía. De un lado, los accionistas Clarín y La Nación impiden a los funcionarios nombrados por la presidenta Cristina Fernández el acceso a la documentación de la firma e imponen su “mayoría automática” en cada votación. Enfrente, los representantes del Estado usan todos los recursos a la mano para romper con el manejo unilateral de los socios privados. La orden presidencial es garantizar la transparencia en la firma y asegurar que todos los diarios del país accedan al papel al mismo precio y en las mismas condiciones que los medios accionistas
Consejo de Medios
Audiovisuales Preservación
Documental y Defensa de la
Audiencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario