Está acusado de falsificar balances de la empresa. Clarín y La Nación querían impedir que el Estado accediera a la información.
Después de un año de idas y vueltas de dilaciones, el juez Alejandro Catania le tomará declaración indagatoria al presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira, acusado por el delito de falsificación de balances. Será el próximo 23 de febrero. Se trata, al fin, del primer conflicto judicial de los muchos que siguieron después y que enfrentaron al Estado nacional con los accionistas privados encabezados por Clarín y La Nación. Un mes atrás, el magistrado había secuestrado siete cajas de documentación durante un allanamiento a la empresa.
La resolución tomada en el juzgado nacional en lo penal económico es simbólica por donde se la mire. Da cuenta de los múltiples artilugios judiciales empleados por los accionistas privados para impedir el acceso a la información por parte de los representantes del Poder Ejecutivo en Papel Prensa. Y de la persistencia de los funcionarios en hacer valer el rol de control y de gestión que le corresponde al Estado Nacional en la empresa que tiene, hoy día, el virtual monopolio de la industria de papel para diarios en la Argentina.
El hecho que se investiga es que en la aprobación de un balance la firma de quien presidía la reunión no se correspondía con alguien que hubiese estado presente ese día. En rigor, en el apuro, con la motivación de que los funcionarios designados por el gobierno nacional no accedan a los datos cruciales que alimentan un balance, tacharon una firma de manera ilegal y la remplazaron por otra. Nada hubiera ocurrido si los accionistas privados hubieran accedido a discutir esa aprobación con los funcionarios que lidera Guillermo Moreno.
“Es la primera causa judicial de una larga serie. La motivación que tuvieron para no aprobar el balance como corresponde es que no accedamos a la información. En un principio, ni siquiera podíamos conocer cuánto cobraban los gerentes. Fuimos avanzando, aunque aún hoy hay datos relevantes a los que nos impiden el acceso”, explicó Alberto González Arzac, consejero del Estado en Papel Prensa, quien formuló la denuncia 12 meses atrás (Moreno pidió ser querellante).
La directora de Papel Prensa, por parte del Estado, Beatriz Paglieri festejó la determinación del juez. “El juez Catania tiene la causa avanzada. No firmamos los balances porque notamos las irregularidades. Están vaciando a la empresa y no están abasteciendo al mercado. El precio igualitario del papel para medios sigue vigente”, advirtió ayer.
El balance aprobado sin los requerimientos legales fue apenas un episodio de los tantos que se conocieron durante 2010. El más conocido, desde ya, fue la mañana en que Guillermo Moreno evitó que los accionistas privados consiguieran que el Estado se quedara sin representante en la comisión fiscalizadora de la empresa. Para eso generó un pequeño escándalo con un par de guantes de box y un casco.
Después de un año de idas y vueltas de dilaciones, el juez Alejandro Catania le tomará declaración indagatoria al presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira, acusado por el delito de falsificación de balances. Será el próximo 23 de febrero. Se trata, al fin, del primer conflicto judicial de los muchos que siguieron después y que enfrentaron al Estado nacional con los accionistas privados encabezados por Clarín y La Nación. Un mes atrás, el magistrado había secuestrado siete cajas de documentación durante un allanamiento a la empresa.
La resolución tomada en el juzgado nacional en lo penal económico es simbólica por donde se la mire. Da cuenta de los múltiples artilugios judiciales empleados por los accionistas privados para impedir el acceso a la información por parte de los representantes del Poder Ejecutivo en Papel Prensa. Y de la persistencia de los funcionarios en hacer valer el rol de control y de gestión que le corresponde al Estado Nacional en la empresa que tiene, hoy día, el virtual monopolio de la industria de papel para diarios en la Argentina.
El hecho que se investiga es que en la aprobación de un balance la firma de quien presidía la reunión no se correspondía con alguien que hubiese estado presente ese día. En rigor, en el apuro, con la motivación de que los funcionarios designados por el gobierno nacional no accedan a los datos cruciales que alimentan un balance, tacharon una firma de manera ilegal y la remplazaron por otra. Nada hubiera ocurrido si los accionistas privados hubieran accedido a discutir esa aprobación con los funcionarios que lidera Guillermo Moreno.
“Es la primera causa judicial de una larga serie. La motivación que tuvieron para no aprobar el balance como corresponde es que no accedamos a la información. En un principio, ni siquiera podíamos conocer cuánto cobraban los gerentes. Fuimos avanzando, aunque aún hoy hay datos relevantes a los que nos impiden el acceso”, explicó Alberto González Arzac, consejero del Estado en Papel Prensa, quien formuló la denuncia 12 meses atrás (Moreno pidió ser querellante).
La directora de Papel Prensa, por parte del Estado, Beatriz Paglieri festejó la determinación del juez. “El juez Catania tiene la causa avanzada. No firmamos los balances porque notamos las irregularidades. Están vaciando a la empresa y no están abasteciendo al mercado. El precio igualitario del papel para medios sigue vigente”, advirtió ayer.
El balance aprobado sin los requerimientos legales fue apenas un episodio de los tantos que se conocieron durante 2010. El más conocido, desde ya, fue la mañana en que Guillermo Moreno evitó que los accionistas privados consiguieran que el Estado se quedara sin representante en la comisión fiscalizadora de la empresa. Para eso generó un pequeño escándalo con un par de guantes de box y un casco.
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