A pesar de que otros temas ocupan los ejes discursivos en la agenda de los medios hegemónicos (inflación, narcoavión, jubilaciones, entre los principales que se mantienen en las últimas semanas) el enfoque que otorgan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual continúa siendo sesgado y está centrado en deformar ante la opinión pública los alcances de la nueva legislación.
En la página 10, Clarín publica una nota utilizando un recurso al que viene apelando seguido: la “personalización” de las noticias. De esta manera, el autor o autores de una medida de gobierno dejan de ser funcionarios del Estado para convertirse en supuestos déspotas sin ningún control. Según ese enfoque, por ejemplo, la autorización a la provincia del Chaco para tener su canal de televisión abierta, producto de la puesta en marcha de la Ley de Medios, es presentada por el diario de Magnetto como la acción individual de un funcionario, en este caso, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich. El título elegido por el diario de Noble para sembrar esta impresión es: “Capitanich podrá montar un canal de televisión para Chaco”.
En la volanta se especifica: “Ley de Medios”. Un lector desprevenido o sin tiempo para leer el artículo completo podría inferir que la novedad es producto del afán de Capitanich en tener un canal de TV para su provincia. “La provincia de Chaco ya tiene su autorización para tener su canal de televisión abierta . Según el Boletín de Oficial publicado ayer, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) resolvió autorizar al gobierno de Jorge Capitanich a ‘la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de televisión abierta, en la ciudad de Resistencia’. Además, la Resolución 155/2011 sostiene que se asignó ‘para el funcionamiento del referido servicio, el canal 28, en la ciudad de Resistencia’. También se aclara que ‘se deja constancia’ que ‘dicho canal queda sujeto a la correspondiente coordinación entre los países miembros del Mercosur’ y que la decisión se debe a una solicitud efectuada por el ‘gobernador de la provincia de Chaco.’”
En ninguna parte de la nota, ni siquiera en un recuadro, Clarín se toma la molestia de detallar los aspectos de la ley relacionados con la habilitación de canales televisivos de aire, y mucho menos den cuenta de los objetivos fuertemente remarcados por la ley, como la promoción del federalismo y la integración latinoamericana. En lugar de esto, el diario de Magnetto se propone señalar justamente uno de los vicios de la vieja ley de medios de la dictadura, el de dejar campo fértil para las arbitrariedades y amiguismos: “Casualmente, Capitanich es uno de los directores de la AFSCA y participó de la última reunión del directorio donde se le asignó el número 28 de la grilla. La resolución de la AFSCA lleva la firma de Gabriel Mariotto, su presidente. Se trata de la primera provincia en tener su habilitación para un canal de aire con la nueva ley de Medios.”
Al respecto, también el diario El Cronista, propiedad del empresario y diputado Francisco de Narváez, con una marcada posición en contra de la sanción de la nueva Ley de Medios, sobre todo a través de su participación en el canal de TV América, carga contra esta legislación en la nota de opinión de la página 14. El título es elocuente respecto a la posición del diario: “La ley de medios atenta contra las productoras de televisión locales.” Allí se sostiene que “sorprendentemente, nos encontramos con que la nueva legislación de medios contiene una norma que pone en riesgo esta situación. Entre otras cosas, impide que uno de los jugadores principales del mercado, las licenciatarias de televisión privada, puedan producir señales de televisión para la distribución por cable”. Es una defensa abierta y descarada a los monopolios como el Grupo Clarín, quienes en la misma zona geográfica pretenden tener más licencias de canales de televisión por cable a su disposición que las permitidas, anulando a la competencia. La nota en forma increíble se pregunta: “¿Quién producirá esa programación destinada a nichos específicos y temáticos que no necesariamente son de consumo masivo y/o de rédito económico importante?”
Se pretende señalar una supuesta defensa a los “productores privados independientes”, cuando en realidad el artículo por momentos revela su verdadera intención: fijar la posición de los operadores de TV por cable monopólicos. “La nueva norma rompe con las eficiencias logradas en el sector, porque prohíbe a los propietarios de sistemas de televisión paga serlo también de señales.”
En resumen, la nota lamenta que los operadores de cable monopólicos no puedan ser dueños de más señales para tener encerrado en un paquete la democratización televisiva.
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