Creyó que el trámite duraría apenas diez minutos. Pero se equivocó. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, recibió ayer a periodistas de Tiempo Argentino, integrantes de Carta Abierta, Madres de Plaza de Mayo, y otros referentes de los medios de comunicación y trabajadores de prensa –entre los que se destacó el periodista, locutor y relator de fútbol, Víctor Hugo Morales- en el lobby del Hotel Intercontinental.
Eran las 7:30 cuando la jefa de Investigación de este diario, Cynthia Ottaviano, le planteó al máximo representante de los intereses de las patronales de medios de comunicación del continente que el Grupo Clarín –cuyo CEO es Héctor Magnetto, asociado a la SIP e imputado en la causa penal que investiga las irregularidades en la adquisición de Papel Prensa y la apropiación de esa empresa, que pertenecía a la familia Graiver, con la complicidad de la dictadura militar– no cumple con la Ley de Medios de la Democracia; censura la emisión de canales culturales e informativos como Pakapaka, CN23 y Telesur; prohíbe la actividad sindical en el diario de Ernestina Herrera de Noble; persigue y despide a los trabajadores que buscan reclamar por sus derechos constitucionales, quienes a su vez no son libres de conciencia para poder ejercer el periodismo en temas como la causa judicial abierta hace diez años por la adopción presuntamente irregular de Marcela y Felipe Noble Herrera, herederos de la viuda de Roberto Noble, fallecido en 1969.
Con una serie de documentos en mano, entre ellos el dictamen fiscal que definió como delito de lesa humanidad a la sociedad espuria que existió entre Clarín, La Nación y La Razón y la dictadura para arrebatarle Papel Prensa a los Graiver, y la investigación periodística de este diario publicada el año pasado, Ottaviano le recordó a Marroquín los puntos relevantes de la solicitada firmada por más de 1000 personas del ámbito periodístico y cultural, donde se denuncian las irregularidades y las prácticas monopólicas de Clarín, ya que controla el insumo básico del papel para diarios, privilegiando sus propios intereses económicos por sobre la mayoría de los argentinos, negándose a cumplir la Ley de Medios audiovisuales.
La solicitada entregada por Ottaviano a Marroquín fue firmada por académicos y diversas personalidades como Juan Gelman, Adrián Paenza, Estela Calloni, Norberto Galasso, Alejandro Dolina y Horacio González, pero el vocero de los empresarios manifestó que la desconocía por completo.
La solicitada fue publicada el martes por Tiempo, el mismo día que la SIP llegó al país.
“¿Ustedes no eran dos nada más? Me dijeron que eran dos periodistas solamente”, murmuró por lo bajo el presidente de la SIP, visiblemente molesto por los micrófonos de la televisión pública, la agencia Télam, Radio Nacional, Telesur, y CN23.
Frente a los cuestionamientos de Víctor Hugo Morales, que le preguntó sobre el monopolio que ejerce Clarín en posiciones dominantes en medios gráficos y audiovisuales –en poder incluso del mayor proveedor de televisión por cable del país, Cablevisión– Marroquín se limitó a decir: “Nosotros consideramos que los gobiernos no deben castigar a los medios de comunicación sin importar la línea editorial que tenga cada medio desde el punto de vista ideológico y político. Y los gobiernos no deben utilizar los medios de comunicación del Estado para este premio y castigo. Eso implica el uso de frecuencias radioeléctricas y cualquier otro medio.”
A lo largo de los más de 20 minutos que duró la entrevista, intentó defender lo que llamó “principios” de la SIP, aunque evitó explicar en calidad de qué Marcela Noble Herrera estuvo en Chile con miembros de esa cámara patronal.
Cuando se le preguntó acerca de la acusación penal sobre Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, imputados de haber incurrido en delitos de lesa humanidad, Marroquín no abrió juicio. Sólo musitó en relación al caso Noble: “Es un tema privado.”
La periodista Nora Anchart le recordó la visita de la SIP en agosto de 1978 y el documento crítico hacia los diarios dominantes que acallaron la desaparición y el asesinato sistemático de miles de argentinos. “Yo no estaba en 1978. La actitud, el fondo, y los principios de la SIP siguen siendo los mismos”, adujo Marroquín.
“Pobre hombre, se quedó sin respuestas al tener que defender lo indefendible”, sostuvo Víctor Hugo (ver aparte) después de las preguntas que quedaron sin responder por parte de quien representa a los propietarios de los principales medios de comunicación del continente.
En ese marco, calificó la reunión de “útil” porque “es un momento importante en el que los trabajadores pueden decir cuánta libertad sindical falta o cuánta pluralidad de voces no tenemos por la aplicación parcial de la Ley de Medios que da continuidad monopólica en el ejercicio periodístico.”
El titular de la SIP había dado por finalizada la reunión que concedió a este diario, pero Ottaviano preguntó sobre las permanentes dilaciones en la causa que investiga la identidad de los hijos adoptados de Herrera de Noble. Unas horas después –sin estudiar la documentación entregada en mano por este colectivo de trabajo– se manifestó “preocupado” por “las presiones” a la llamada “prensa independiente” (ver aparte).
Ayer, Marroquín habló de “acoso”, “libertad de expresión”, y calificó de “negativo” al periodismo militante. Un argumento curioso en boca de una entidad empresaria que nació al calor de la Guerra Fría, bajo control remoto de la CIA. Las denuncias se reciben en Miami.
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