La Cámara Federal porteña deberá resolver en qué jurisdicción se investiga la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa mediante la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
El tribunal quedó a cargo del tema luego de que la Secretaría de Derechos Humanos, en su papel de querellante, apelara la incompetencia que dictó el juez federal Daniel Rafecas.
En su escrito, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el subsecretario Luis Alem, dijeron que “los tribunales deben decidir con premura –los hechos llevan casi 35 años sin juzgarse- las medidas a adoptar respecto de los responsables de los crímenes”.
“Denunciamos una maniobra compleja que se llevó adelante por la asociación ilícita que formaron los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón junto con la Junta Militar genocida y sus funcionarios”, sostuvo la presentación.
Rafecas recibió la causa por segunda vez luego de que el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, se la devolviera al hacer lugar al pedido de los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, de que las denuncias realizadas por el Estado Nacional sean remitidas a su colega porteño, a cargo de las causas originadas por delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército.
Los fiscales consideraron que el traspaso de las acciones que le pertenecían a David Graiver, a los propietarios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón merecían esa calificación penal que los convierte en imprescriptibles pese al tiempo transcurrido.
Consideraron que los delitos habrían consistido en un “conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la directa intervención de la junta militar y la participación de los civiles denunciados”.
En su apelación, Duhalde y Alem resaltaron que también había sido ese el criterio de la querella” por cuanto los ilícitos indivisibles tuvieron comienzo de ejecución en la Capital Federal, y aquí también se produjeron los efectos buscados”.
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