El juez del máximo tribunal de la Nación dialogó con el periodista Eduardo Anguita en el programa Sur, de CN23. Destacó la coordinación de los tres poderes del Estado en el caso del Riachuelo y los juicios de lesa humanidad.
–Hace algo más de tres años había ido a verlo, entré por la calle Tucumán, venía de la Isla Maciel impresionado por lo que se vivía en el Riachuelo. Antes de venir a entrevistarlo, entré en la página, en el CIJ (Centro de Información Judicial) y vi esa foto de los chicos de una escuela de Lanús que venían a visitarlo…
–Si, fue una experiencia muy linda porque los chicos vinieron a visitar la Corte porque estaban trabajando sobre el tema. La maestra nos contaba que notó en esos chicos conductas que no le conformaban, que eran rebeldes, que se sentían mal. Empezó a averiguar y descubrió que entre esos chicos había algunos de ellos con hermanitos enfermos por la contaminación del río. Entonces, la maestra empezó a trabajar en sus conciencias, a enseñarles lo que se estaba haciendo, les mostró el fallo de la Corte. Los chicos se agruparon, formaron equipos de trabajo, se entusiasmaron, se nombraron a sí mismos “Guardianes de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, y comenzaron a trabajar en tareas educativas y de concientización. Entonces, para ellos era una gran aspiración conocer la Corte. Creo que las sentencias judiciales se ejecutan cuando el pueblo las asume como tales. No hay posibilidad de pensar una sentencia colectiva en estos juicios que se llaman estructurales (porque cambian las estructuras) sin una fuerte participación popular.
–Interesante es lo que hizo la Corte con la Cuenca, con las Audiencias Públicas, que el juez federal de Quilmes haya hecho el monitoreo, con intendentes que deben hasta pagar multas, o sea que hay autoridad en un sentido complejo, ¿no?
–Sí. Hay que tener en cuenta que el Riachuelo está contaminado hace más de 100 años. Y una de las razones fundamentales por las cuales no se encontró solución, entre otras, es que hay muchas juridicciones: cada municipio tiene su juridicción, está la Ciudad, la provincia, la Nación, muchas empresas, problemas de toda índole. Lo primero fue tratar de unificar la conducción política de la Cuenca, porque hoy en muchos problemas ambientales no coinciden el problema social, económico y ambiental con la división política-territorial. Se logró hacer, y en esto el Poder Ejecutivo con su proyecto, establece una única conducción para toda la Cuenca, con capacidad para establecer parámetros comunes. Esto fue un gran avance: todos saben que hay una autoridad. El segundo fue identificar las fuentes de contaminación, por eso está haciéndose allí la obra más grande en cloacas del país, para 5 millones de personas. La segunda fuente de contaminación importante son los efluentes industriales. Cuando se comenzó el juicio se identificaron 1200 empresas. Ahora hay mas aún, que arrojan líquidos, hay que ir una por una a controlar, y no se puede tampoco cerrar empresas porque eso genera desempleo. Lo que hay que hacer es que esas empresas tengan asistencia financiera para reconvertirse o trasladarse. Otras fuentes son los basurales. Después, tenemos otros polos importantes, como el Polo Petroquímico que plantea desafíos muy grandes. Nadie pretende que esto se solucione rápido, pero sí hay que definir un camino, una política de Estado, que fue lo que hizo la sentencia y decir: por acá hay que ir, y controlar que todos vayan cumpliendo.
–Como cambian las cosas. Un caso que se presenta en la justicia y da esperanza de que si llega a la Corte puede llegar la justicia y la Corte escucha
–Es que la Corte debe escuchar. La justicia está para todos, ricos, pobres, de Capital o en el interior, poderosos o débiles. Por eso se dice sencillamente que la justicia es igual para todos, y la ley es igual para todos. Lo que pasa es que los ciudadanos argentinos tienen una larga historia donde aprendieron que eso no es cierto. Y la propia Corte, en su historia, no tiene antecedentes de recibir gente pobre. La Corte tiene que estar al lado de las necesidades de la población, porque lo dice la Constitución.
–Respecto al desarrollo de los múltiples juicios por delitos de lesa humanidad, ustedes integran una Comisión Interpoderes, que también es una novedad en términos institucionales. ¿Cómo surgió esa iniciativa?
–La cuestión es que cuando nosotros dictamos las sentencias que abrieron las puertas al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, la imprescriptibilidad de las sanciones y luego la inconstitucionalidad de los indultos, se abrieron las puertas para los juicios. Esos juicios requerían mucha infraestructura, lugares para hacerlos, jueces que dicten sentencias, empleados, una cantidad de problemas, y ahí fuimos a hacer una coordinación, porque esta es una política de Estado. Los tres poderes del Estado se expresaron. Un extraordinario ejemplo de cómo se puede coordinar tras un objetivo común, que no es partidario, ni con contenido electoral. Nadie sabe los nombres de las personas que trabajan en la Comisión, lo hacen anónimamente y se reúnen periódicamente, y esto ha permitido que nosotros hoy tengamos los juicios en marcha, y podamos, donde no hay juez, nombrarlo, o trasladarlo para que cumpla su función, conseguirle el lugar para que haga las audiencias, toda la tecnología necesaria, preocuparse por los testigos.
–Un editor amigo está editando y corrigiendo su libro que tiene que ver con esto. Me enteré que tiene un prólogo muy especial...
–El libro está hecho para el público en general. No es un libro jurídico, y por eso está con una editorial no jurídica. Relata un poco la historia judicial de cómo se fueron abriendo las puertas, desde el año 1983, los distintos pasos, las sentencias principales de los tribunales, todo explicado, en modo sencillo, luego la noción de delitos de lesa humanidad, y un resumen de cada uno de los casos y sentencias en todo el país. Es un trabajo que hicimos con el doctor Krauss, que es quien coordina la Unidad de Comisión Interpoderes y tiene un prólogo del juez Garzón. Nosotros insistimos mucho en que haya un libro y que pueda llegar a las escuelas, a los jóvenes, que conozcan la historia, en este caso, la historia judicial, pero también hemos insistido en que se puedan filmar. Eso es muy importante para la concientización de las generaciones que no vivieron la dictadura y que pueden ser conducidas al engaño si no hay una clara información sobre lo que sucedió.
–Pensaba en qué paradoja que hoy el juez Garzón no puede llevar adelante su propia tarea en España...
–Sí, pero lo procesos son indetenibles. Cuando los pueblos comienzan a abrir los ojos es muy difícil que alguien se los pueda cerrar por decreto, por ley.
–La Corte estuvo involucrada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a partir de varias medidas cautelares. En octubre del año pasado tomaron una determinación acerca de que las cautelares no podían ser indefinidas, a raíz de un fallo del juez Carbone. ¿Fijó un plazo el juez?
–En ese caso en particular, el juez no fijó plazo, entonces fue apelado y está en la Cámara de Apelaciones para vigilar el plazo y, si no lo fija, lo fijaremos nosotros, pero la Corte continuó con esta postura de limitar las cautelares, porque nosotros estamos convencidos de que hay una distorsión de las medidas cautelares. Hay que discutir de fondo, y la cautelar no puede anticipar la decisión definitiva. Esto es algo normal, todo lo que se enseña en la Facultad de Derecho, pero en la práctica, a veces se consigue una cautelar y nadie mueve mucho el juicio, entonces la cautelar dura cuatro, cinco o seis años, y esto no es bueno. Nosotros hemos dictado varias sentencias diciendo que hay un abuso de las cautelares. Las cautelares están bien, pero el abuso no.
–¿Si no lo hace la Cámara, apelarán a la Corte?
–Si, así lo ha manifestado el Estado Nacional. La Corte ha dicho que la cautelar no puede anticipar la decisión definitiva y no puede ser ilimitada. No puede durar todo el tiempo sin que se resuelva la cuestión de fondo. El juez dirá ese artículo es constitucional o no, otro juez revisará, y después llegará a la Corte. Lo que no se puede hacer es no decir nada y dejar que no se aplique por una cautelar. Lo correcto es que las cautelares tengan un límite. La Corte no lo fijó porque en ese momento no estaba planteado así . Sí dijo que debía haber un plazo razonable. Así funciona el proceso judicial, pero las ideas están claras: los procesos deben tener una sentencia de fondo. Lo mismo pasa en materia penal: todas son medidas cautelares, las de prisión preventiva, pero nunca se llega a la cuestión de fondo, y los procesos duran demasiado. Hay que hacer un esfuerzo para acortar la duración de los procesos y resolver las cuestiones de fondo.
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