El Ministerio de Trabajo le impuso una sanción de 1, 3 millones de pesos por impedir las asambleas y la elección de delegados.
La ley, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la libertad y la democracia sindical son para todos. También para Clarín.” El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lo afirmó ayer al anunciar que su cartera impuso una multa de 1.347.000 pesos contra Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) –una empresa de servicios de impresión subsidiaria del Grupo propiedad de Ernestina Herrera de Noble– por la libertad sindical. El conflicto comenzó en 2004 cuando la empresa despidió a 110 trabajadores en medio de una protesta por mejoras en las condiciones laborales. Entre los telegramas, Clarín incluyó a seis integrantes de la Comisión Interna. En diversos fallos, la justicia dispuso la reincorporación de los cesanteados, pero AGR no acató esas órdenes judiciales. “Resulta paradójico que una empresa periodística que dice defender la democracia y la libertad no respete la libertad y la democracia sindical”, concluyó Tomada en el piso 18 de la sede del Ministerio.
“Cuando este tipo de sanciones supera el millón de pesos, se considera que la falta es grave”, explicaron a Tiempo Argentino desde los pasillos del edificio de Avenida Leandro Alem. La Ley de Contratos de Trabajo establece que las multas deben ser determinadas en función de la masa salarial de la empresa y la reincidencia.
La decisión ministerial fue tomada luego de la frustrada asamblea de trabajadores del 10 de setiembre pasado, cuando los delegados intentaron anunciar la convocatoria a elecciones para una semana después. Ese día, la empresa impidió realizar la reunión a pesar de que había sido informada a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Además, los inspectores de la cartera laboral constataron que la Comisión Interna debía enfrentar serias dificultades para ejercer sus tareas. En el caso de los comicios, los veedores de la cartera encabezada por Tomada –quienes habían sido convocados tanto por la empresa como por los trabajadores– detallaron en un acta una serie de irregularidades provocadas por AGR a causa de las que no se pudo concretar la votación. “No es un hecho aislado, expresa la reafirmación de una política empresaria para dificultar la representación sindical”, apuntó el ministro de Trabajo. Clarín podrá apelar la multa en la justicia, pero antes deberá pagar ya que la resolución aclara que la sanción es de “depósito previo”. “Si no cumplen, redoblaremos la acción por esta misma vía”, anticipó Tomada.
Hay cinco expedientes judiciales en curso. En todos los casos, la justicia falló contra AGR. En uno de los juicios, se ordenó reincorporar a Víctor Manuel López y el pago de 100 pesos diarios hasta que la medida se concrete. Tomada –acompañado por la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, y el subsecretario de Relaciones Laborales, Álvaro Daniel Ruiz– explicó que el Ministerio tomó la decisión cuando estuvo resuelta la vía judicial (a pesar de un recurso extraordinario presentado por la empresa, hay fallos concretos que hicieron caer una serie de medidas cautelares). La aclaración sirvió también para explicar por qué todavía no se intervino para reinstalar en sus puestos a los dos delegados de Canal 13 y la señal de noticias TN que no pueden entrar a ARTEAR debido a que la orden judicial fue apelada.
El 4 de noviembre, la empresa no se presentó a una audiencia convocada para intentar destrabar el llamado a elecciones y presentó un escrito en el que solicitó otra fecha. El Ministerio fijó para una semana después la nueva reunión pero Clarín envió un abogado que no pudo detallar el nombre del presidente de AGR. Siete días más tarde, el presidente de la compañía y el gerente general no asistieron a la nueva convocatoria. Mañana será un día clave: los empresarios deberán participar bajo el riesgo de ser llevados por la fuerza pública
La ley, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la libertad y la democracia sindical son para todos. También para Clarín.” El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lo afirmó ayer al anunciar que su cartera impuso una multa de 1.347.000 pesos contra Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) –una empresa de servicios de impresión subsidiaria del Grupo propiedad de Ernestina Herrera de Noble– por la libertad sindical. El conflicto comenzó en 2004 cuando la empresa despidió a 110 trabajadores en medio de una protesta por mejoras en las condiciones laborales. Entre los telegramas, Clarín incluyó a seis integrantes de la Comisión Interna. En diversos fallos, la justicia dispuso la reincorporación de los cesanteados, pero AGR no acató esas órdenes judiciales. “Resulta paradójico que una empresa periodística que dice defender la democracia y la libertad no respete la libertad y la democracia sindical”, concluyó Tomada en el piso 18 de la sede del Ministerio.
“Cuando este tipo de sanciones supera el millón de pesos, se considera que la falta es grave”, explicaron a Tiempo Argentino desde los pasillos del edificio de Avenida Leandro Alem. La Ley de Contratos de Trabajo establece que las multas deben ser determinadas en función de la masa salarial de la empresa y la reincidencia.
La decisión ministerial fue tomada luego de la frustrada asamblea de trabajadores del 10 de setiembre pasado, cuando los delegados intentaron anunciar la convocatoria a elecciones para una semana después. Ese día, la empresa impidió realizar la reunión a pesar de que había sido informada a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Además, los inspectores de la cartera laboral constataron que la Comisión Interna debía enfrentar serias dificultades para ejercer sus tareas. En el caso de los comicios, los veedores de la cartera encabezada por Tomada –quienes habían sido convocados tanto por la empresa como por los trabajadores– detallaron en un acta una serie de irregularidades provocadas por AGR a causa de las que no se pudo concretar la votación. “No es un hecho aislado, expresa la reafirmación de una política empresaria para dificultar la representación sindical”, apuntó el ministro de Trabajo. Clarín podrá apelar la multa en la justicia, pero antes deberá pagar ya que la resolución aclara que la sanción es de “depósito previo”. “Si no cumplen, redoblaremos la acción por esta misma vía”, anticipó Tomada.
Hay cinco expedientes judiciales en curso. En todos los casos, la justicia falló contra AGR. En uno de los juicios, se ordenó reincorporar a Víctor Manuel López y el pago de 100 pesos diarios hasta que la medida se concrete. Tomada –acompañado por la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, y el subsecretario de Relaciones Laborales, Álvaro Daniel Ruiz– explicó que el Ministerio tomó la decisión cuando estuvo resuelta la vía judicial (a pesar de un recurso extraordinario presentado por la empresa, hay fallos concretos que hicieron caer una serie de medidas cautelares). La aclaración sirvió también para explicar por qué todavía no se intervino para reinstalar en sus puestos a los dos delegados de Canal 13 y la señal de noticias TN que no pueden entrar a ARTEAR debido a que la orden judicial fue apelada.
El 4 de noviembre, la empresa no se presentó a una audiencia convocada para intentar destrabar el llamado a elecciones y presentó un escrito en el que solicitó otra fecha. El Ministerio fijó para una semana después la nueva reunión pero Clarín envió un abogado que no pudo detallar el nombre del presidente de AGR. Siete días más tarde, el presidente de la compañía y el gerente general no asistieron a la nueva convocatoria. Mañana será un día clave: los empresarios deberán participar bajo el riesgo de ser llevados por la fuerza pública
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