La Justicia levantó el secreto fiscal de José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, luego de la medida solicitada por la Unión de Información Financiera (UIF). De esto modo y tal como adelantó Tiempo Argentino, avanza la causa en la que se invesitiga la presunta manipulación de precios de acciones que fueron compradas por las AFJP.
En julio pasado, José Sbatella, titular de la UIF, llevó adelante una denuncia penal para que se aclare el proceso por el cual acciones del Grupo Clarín, Banco Patagonia y Consultatio SA, luego adquiridas por fondos de inversión que controlaban las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), salieron al mercado con un valor de 35 pesos y cayeron abruptamente, en una operación comandada por la banca JP Morgan, a 9 pesos.
La UIF recolectó información de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, quien había denunciado un fraude millonario en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión.
La denuncia es por “manipulación de precios de acciones que se ofertan públicamente en el mercado de valores y su venta a los fondos de inversión (antiguas AFJP), con la probable connivencia de los gerentes operativos de los mismos”.
Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan, que tenía a su cargo los negocios del banco en la Argentina y Uruguay, ya declaró que en 2007, cuando fue la salida al mercado de las acciones, Clarín omitió información fundamental. Ahora, la Cámara Federal porteña puede destrabar la jugada del número dos del Grupo Clarín, quien para impedir mostrar sus balances personales entregó a la justicia documentación de una auditoría, encargada por él mismo a Price Waterhouse.
Lo que solicitaba Sbatella es que se retire el secreto fiscal sobre las cuentas de Aranda para constatar si la maniobra con la cual se habría perjudicado a las AFJP enriqueció personalmente a José Antonio Aranda (y también al director de Grupo Clarín, Lucio Pagliaro). Según datos del Banco Central ambos incrementaron en más de un 200% su patrimonio entre 2007 y 2008. Si la UIF consigue demostrar que ese enriquecimiento fue con la venta de acciones, puede pedir que se les embarguen los bienes.
La UIF encuadró su denuncia en los delitos de fraude y asociación ilícita que tipifica el Código Penal y señaló que el Grupo Clarín habría manipulado los precios de las acciones mediante la entrega de un prospecto que no contenía información exacta y veraz, al momento de su difusión. En opinión de la CNV, esa circunstancia influyó en la cotización de las acciones. Según reportó el ente oficial, las AFJP intervinieron en la compra de acciones a un precio alto. Las acciones cayeron de manera estrepitosa después de dicha compra.
Consejo de Medios
Audiovisuales Preservación
Documental y Defensa de la
Audiencia
En julio pasado, José Sbatella, titular de la UIF, llevó adelante una denuncia penal para que se aclare el proceso por el cual acciones del Grupo Clarín, Banco Patagonia y Consultatio SA, luego adquiridas por fondos de inversión que controlaban las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), salieron al mercado con un valor de 35 pesos y cayeron abruptamente, en una operación comandada por la banca JP Morgan, a 9 pesos.
La UIF recolectó información de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, quien había denunciado un fraude millonario en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión.
La denuncia es por “manipulación de precios de acciones que se ofertan públicamente en el mercado de valores y su venta a los fondos de inversión (antiguas AFJP), con la probable connivencia de los gerentes operativos de los mismos”.
Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan, que tenía a su cargo los negocios del banco en la Argentina y Uruguay, ya declaró que en 2007, cuando fue la salida al mercado de las acciones, Clarín omitió información fundamental. Ahora, la Cámara Federal porteña puede destrabar la jugada del número dos del Grupo Clarín, quien para impedir mostrar sus balances personales entregó a la justicia documentación de una auditoría, encargada por él mismo a Price Waterhouse.
Lo que solicitaba Sbatella es que se retire el secreto fiscal sobre las cuentas de Aranda para constatar si la maniobra con la cual se habría perjudicado a las AFJP enriqueció personalmente a José Antonio Aranda (y también al director de Grupo Clarín, Lucio Pagliaro). Según datos del Banco Central ambos incrementaron en más de un 200% su patrimonio entre 2007 y 2008. Si la UIF consigue demostrar que ese enriquecimiento fue con la venta de acciones, puede pedir que se les embarguen los bienes.
La UIF encuadró su denuncia en los delitos de fraude y asociación ilícita que tipifica el Código Penal y señaló que el Grupo Clarín habría manipulado los precios de las acciones mediante la entrega de un prospecto que no contenía información exacta y veraz, al momento de su difusión. En opinión de la CNV, esa circunstancia influyó en la cotización de las acciones. Según reportó el ente oficial, las AFJP intervinieron en la compra de acciones a un precio alto. Las acciones cayeron de manera estrepitosa después de dicha compra.
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