Los letrados pretendieron distorsionar el resultado de una audiencia desfavorable a sus intereses, en la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, queriendo hacer pasar como verdadera una foja falsa. Las pruebas.
Los intentos de los directivos del Grupo Clarín y del diario La Nación para ocultar la verdad en la causa Papel Prensa son incesantes desde que, el 2 de abril de 1984, a las 15:31, el diputado Nacional Noberto Imbelloni los denunció ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por ese entonces a cargo de Ricardo Molinas, “por entender que se han cometido ilícitos e irregularidades de gravedad que eventualmente constituyen delitos en Papel Prensa en el traspaso de las acciones a los diarios La Nación, Clarín y La Razón”. Durante los 23 años siguientes, los diarios les mintieron a sus lectores y a la sociedad, silenciando testimonios y olvidando documentos clave que demuestran la alianza construida con Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti para apropiarse de Papel Prensa, mientras la familia Graiver y muchos de sus empleados fueron secuestrados, torturados y, uno de ellos, Jorge Rubinstein, asesinado. El último intento por eludir la búsqueda de verdad lo hicieron Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, a través de sus abogados, el jueves 16 de junio pasado, cuando pretendieron distorsionar el resultado de una audiencia desfavorable a sus intereses, en la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, queriendo hacer pasar como verdadera una foja trucha de ese expediente que se originó con la denuncia del diputado Imbelloni e instruyó el fiscal Ricardo Molinas. Maniobra, además, que buscó respaldo en dos notas sin firma de los diarios Clarín y La Nación, publicadas al día siguiente, viernes 17 de junio, en las que denunciaron que “el Gobierno presentó a la Justicia documentos adulterados”, acusando de un hecho grave a la Secretaría de Derechos Humanos, “con la intención de involucrarlos (a Magnetto y Mitre) en delitos de lesa humanidad”. En realidad, ocurrió lo contrario, los abogados de los directivos de los diarios mintieron, queriendo desviar y demorar la investigación en la que se busca determinar si Magnetto y Mitre fueron partícipes necesarios de la comisión de esos delitos gravísimos e imprescriptibles.
La foja que presentaron los abogados Hugo Wortman Jofré, en representación de Héctor Magnetto, y Alejandro Pérez Chada, por parte de Bartolomé Mitre, es producto de un dictamen del fiscal Molinas que fue fraguado para beneficiar a Clarín, La Nación y La Razón, retirando la foja original del expediente y remplazándola por una, en apariencia, escrita por la misma máquina de escribir en la que se omitieron dos frases que perjudican a los directivos de los diarios. Esas dos frases que no fueron tipeadas, es decir que fueron omitidas en la foja que remplazó la original, forman parte de dos párrafos separados, en los que Molinas determinó que “la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón”, y luego, en el mismo sentido, cuatro párrafos más adelante, Molinas especificó que quedaba claro el “apuro de la negociación y la existencia de un solo oferente impuesto o elegido por las autoridades nacionales”. Es decir, una prueba más de la alianza entre las tres armas y los tres diarios, que buscaron eliminar.
Tan trucha es la “prueba” que quisieron introducir en la causa como válida que esa foja que aparece ahora beneficiando a los directivos de Clarín/La Nación, porque quitaron las frases de Molinas que los perjudicaban, no tiene ni el sello medalla de la Fiscalía Nacional de Investigaciones ni la firma que certifica su copia del original, de la secretaria letrada Marta Inés Rava. Hasta un abogado amateur podría haberse dado cuenta, si su intención hubiera sido conocer la verdad, ya que todo el resto del expediente tiene los sellos y las firmas correspondientes. Todo el expediente, menos, la foja trucha.
Y que esa foja en cuestión, que lleva el folio 292, fue retipeada entera, quitándole las dos frases y no, al revés, censurando las dos frases y volviendo a fotocopiarla (como quisieron hacer creer los abogados), se evidencia al cotejar la original con la trucha (que Tiempo Argentino reproduce en estas páginas), ya que hay errores en la trucha que no están en la original como la palabra “mo”, en lugar de “no” y otras por el estilo (ver facsímil).
El punto es que con esta maniobra mediático-judicial, Magnetto y Mitre intentaron tergiversar la resolución positiva para el avance de la causa de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que determinó que el expediente debe volver a ser instruido por el juez Daniel Rafecas, el mismo que había considerado que los delitos de lesa humanidad a investigar son “inescindibles” de la apropiación de Papel Prensa.
La Cámara, además de otorgar la competencia a Rafecas, avaló el trabajo de los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Shapiro, de La Plata, quienes también habían considerado en su dictamen la presunta comisión de esos delitos imprescriptibles por parte de los directivos de Clarín y La Nación, cuando sus abogados sostenían que los delitos ya habían prescripto.
Contrariamente a lo que esperaban Magnetto y Mitre, la Cámara no hizo lugar a sus pedidos, sino que resolvió que “el complejo conjunto de acciones presuntamente delictivas tuvo su punto cúlmine en la suscripción de los contratos de venta de las acciones de Papel Prensa acaecido en las oficinas del diario La Nación”, y por ende ordenó “remitir la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Ante ese tercer fallo adverso es que en una nota sin firma Clarín denunció que “el Gobierno presentó a la Justicia documentos adulterados”, mientras que La Nación eligió “Acusan al Gobierno de engañar a la Justicia” (refiriéndose a sí mismo en tercera persona, ya que la acusación fue presentada por ellos). La denuncia que hoy se prueba que es falsa, en síntesis, señala que dos organismos del Estado presentaron fojas truchas de un expediente, asegurando que lo hicieron “con la intención de ir contra los diarios”.
Tiempo Argentino tiene copias certificadas del expediente instruido por el fiscal Ricardo Molinas, ya que esta periodista las solicitó el 7 de mayo del año pasado en forma directa a la Fiscalía (de lo que quedó constancia en el expediente), mientras realizaba la investigación periodística junto a Juan Alonso. En esa copia certificada del original, claramente, se encuentra la acusación de Molinas en la que determina que la Junta de Comandantes eligió a los diarios y que fueron los únicos oferentes, tramos hábilmente omitidos en la copia trucha (con la intención de eliminar lo imposible, ya que esa información, además, no depende sólo de esa foja, sino de los numerosos testimonios y documentos que respaldan esa certeza de la que Tiempo dio cuenta en una serie de 12 notas. Pero, se sabe, la desesperación es miope).
Ayer, ante la denuncia de los abogados de Magnetto y Mitre, esta periodista se volvió a presentar en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para solicitar nuevamente el expediente en cuestión y corroborar si, luego de aquel pedido del año pasado, alguien lo había fraguado. Lo cierto es que en la Fiscalía descubrieron que, además del expediente que tiene dos cuerpos y es una copia del original, que a su vez tiene este diario, apareció otro cuerpo, con otra carátula y otra numeración, que es una copia sólo del dictamen y no de todo el expediente. Ese cuerpo, con carátula de color rosado, lleva el número 2784, incorrecto, ya que se realizó en el año 1988, mientras que el original, instruido en 1984 lleva el número 2785, advirtiéndose que la correlación no corresponde, ya que la copia realizada cuatro años después lleva un número inferior al que lo antecedió.
Todas las fojas del expediente original tienen el sello medalla de la Fiscalía administrativa, el sello de certificación de fotocopias y la firma de Marta Rava, todo menos esa foja que remplaza a la copia del original, la trucha que pretendió ser introducida en el nuevo expediente como verdadera por los abogados de Magnetto y Mitre y que ellos consideraron, erróneamente, que los beneficia.
El incidente fue informado ayer por el secretario de la Fiscalía General, Marcelo Sonvico, al fiscal platense Rodolfo Marcelo Molina y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En el escrito, el secretario explicó que “el expediente de Papel Prensa tramitó originalmente bajo el nº 2785 del año 1984, caratulado: ‘Papel Prensa SA s/presuntas irregularidades en su constitución, administración y transferencia de acciones’.”
Ese expediente figura en copias certificadas con la firma de Marta Rava, de fecha 29 de febrero de 1988, mientras el otro expediente, el que contiene la foja trucha, según agregó el secretario, “no existe en los libros de mesa de entradas y se caratula: ‘Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas s/denuncia’ (….) no está refoliado desde fojas 1.”
A esta maniobra que buscó beneficiar la situación judicial de los directivos de Clarín y La Nación y que aquí queda al descubierto, debe agregarse que el expediente original de la causa instruida por el fiscal Ricardo Molinas, que fue derivado como se hacía en la época al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 3 para llevar adelante las acusaciones penales hechas por Molinas, desapareció.
Sin embargo, también en ese momento se hicieron varias copias certificadas del original que hoy están en diversos juzgados resguardando la verdad que hoy buscan tergiversar y hasta ocultar los sospechados de ser partícipes necesarios de la comisión de delitos de lesa humanidad, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre. Habrá que determinar ahora quién o quiénes hicieron desaparecer el original y por qué, quién o quiénes son los responsables de fraguar un dictamen para favorecer a los imputados. Quiénes lo intentaron ahora, ya lo sabemos.
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