Límites al monopolio Clarín (Sur)

Cablevisión deberá devolver hasta 240 millones de pesos a sus clientes por no justificar los incrementos en sus tarifas entre enero y marzo

Cablevisión, el prestador de televisión por cable más fuerte de la Argentina, no sólo deberá reducir el abono mensual de 147 pesos a 109 en la factura de marzo sino que también deberá reintegrarles la diferencia entre lo cobrado y el precio establecido por la Secretaría de Comercio Interior en la Resolución 36 publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial. Desde ya, el Grupo Clarín anunció que recurrirá tanto ante las autoridades de la secretaría que conduce Guillermo Moreno como ante la Justicia. Como antecedente vale la pena recordar que el monopolio de Héctor Magnetto incumplió todas las medidas establecidas por autoridades del Ejecutivo cuanto fallos del Poder Judicial. La más evidente es que terminada la telenovela judicial de medidas cautelares de jueces amigos –y que llenó demasiadas páginas del diario y muchos minutos de las noticias de TN–, Clarín se quedó sin cobertura jurídica para sus temerarias decisiones al margen de la ley. El grupo que tanto agitaba sobre la existencia de radios clandestinas en los ochenta para referirse a los medios comunitarios, en vez de entrar en la clandestinidad decidió desafiar al sistema democrático con la sabiduría de los necios que desconocen el poder de las normas democráticas.

¿De dónde surge 109 pesos como el precio establecido por el Estado? En diciembre de 2009, quienes recibían ese servicio de cable pagaban 106,80 pesos. Luego, en febrero de 2010 empezaron a pagar 116,80, mientras que en diciembre de 2010 lo aumentaron a 126,80. Repentinamente, el monopolio decidió un nuevo precio. En febrero de este año, el abono a Cablevisión trepó a 145,82. Un aumento que parece ir a tono con el autocumplimiento de la profecía de Clarín: la Argentina vive una inflación galopante. Y si no nos creen –razona Clarín– fíjense en los precios de nuestros productos. En un embate muy poco razonado, el monopolio deberá creer que el disgusto de los abonados será trasladado al ministro de Economía, Amado Boudou, o quizás a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero la queja de tres millones de abonados, con la Resolución 36, tendrá un alivio precisamente por las medidas del Gobierno para evitar los abusos de precios. Y no fue que Guillermo Moreno se levantó después del Carnaval y, repentinamente, le saltó al cuello a Magnetto. Exactamente un año atrás, a través de la Resolución 50 del 3 de marzo de 2010, esa Secretaría de Comercio Interior fijó las pautas para la comercialización de televisión paga. Allí hay fundamentos extensos que van desde el artículo 42 de la Constitución Nacional (“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a una información adecuada y veraz, a condiciones de trato equitativo y digno”; a la vez que “encomienda a las autoridades la protección de esos derechos”) hasta leyes y decretos que ponen en caja a quienes aumentan precios, especialmente de servicios. Los operadores de cable deben, desde esa resolución, informar de modo semestral a la Dirección de Lealtad Comercial cuáles son los componentes de costos que explican el precio y, muy importante, establece que los reajustes serán semestrales. Cablevisión no dio a Lealtad Comercial los datos establecidos y, además, aumentó en enero y en marzo. Apenas dos meses de distancia. Como Cablevisión es una empresa que cotiza en Bolsa, la Secretaría de Comercio Interior obtuvo toda la información por parte de la Comisión Nacional de Valores y sus expertos ponderaron cuál es el valor que deben pagar los abonados a esa empresa. Es decir, cuando la Justicia deba considerar si esto es un abuso de Moreno –como dice Clarín– o es simplemente una medida administrativa en defensa de los consumidores –como todo indica–, el juez que intervenga tendrá a disposición todos los expedientes que llevan a que cada abonado de Cablevisión tenga que recibir un reintegro de 18 pesos por la factura correspondiente a enero y 36 pesos por la correspondiente a febrero. En caso de que la empresa siga desconociendo al Estado, cada usuario tendrá una caja de ahorro involuntaria administrada por Magnetto de 36 pesos mensuales a lo que podrán agregarse punitorios por este corralito que pesará sobre tres millones de abonados y que fue anunciado por Clarín en su edición del jueves pasado. Es decir, si ellos dicen que desconocen la resolución es que seguirán cobrando a sus clientes el sobreprecio de 36 pesos mensuales.

Por último, esta decisión de Clarín de desafiar la resolución 36 parece una contradicción en sus términos. La fusión Cablevisión-Multicanal está cuestionada en la Justicia por demasiadas irregularidades. Además, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece el fin de los días de los abusadores de cable. Todo indica que los directivos de Clarín leen su propio diario de guerra. Hace unos meses tan sólo, Magnetto invitaba a cenar a uno de sus departamentos a Mauricio Macri, Francisco de Narváez, Carlos Reutemann, Felipe Solá y Eduardo Duhalde. Era un gesto dirigido a mostrar el poderío del grupo. Hoy, los amigos de Magnetto deberían indicarle qué pasa con la realidad argentina en un año electoral