La oficina de prensa de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo del abogado Joaquín Da Rocha, emitió un comunicado donde puede leerse el pedido que se le hizo al juez en lo civil y comercial federal Edmundo Carbone para que deje sin efecto una medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín.
Esa medida cautelar dejó en suspenso el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por medio de la cual el demandante, es decir, el Grupo Clarín, tenía más de un año para aplicar la desinversión cuando se excede la cantidad de licencias que estipula la nueva normativa.
El comunicado de la Procuración, firmado por su titular, cuenta en este caso con el apoyo del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto. Así pudo confirmarlo Política&Medios con uno de sus asesores.
La solicitud al magistrado implica el levantamiento de la medida "a fin de que el Grupo Clarín de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 161 de la ley 26.522".
La Procuración argumenta que el plazo de un año previsto por el artículo 161 comenzó a correr a partir del 9 de setiembre de 2010, por lo que "en los hechos, desde la sanción de la ley -octubre del año 2009- habrán transcurrido aproximadamente dos años cuando expire el término antes indicado".
Este plazo "resulta más que razonable a fin de que el Grupo Clarín -al igual que los restantes titulares de licencias- cumpla el régimen de desinversión que contempla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
Da Rocha pide al juez que en caso de no aceptar la solicitud "fije el plazo razonable por el cual entiende que debe permanecer vigente la medida cautelar", tal cual como lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación el último 5 del corriente, a fin de que la misma no se transforme en una "una virtual sentencia definitiva".
La medida cautelar fue solicitada por Clarín argumentando ser titular de licencias de televisión abierta, de radiodifusión sonora y por suscripción, televisión por cable e Internet y de señales de contenido para televisión. Y afirmó que esas licencias, vigentes durante la ley 22.285, fueron prorrogadas por decreto 527/05 del Poder Ejecutivo Nacional.
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